El Poder Ejecutivo volvió a dar señales para que la ley de narcomenudeo se aplique cuanto antes. Ayer, en una nueva reunión de la Comisión Interpoderes, cuya misión es ultimar los detalles para que la norma entre en vigencia y el posterior control de su implementación, los integrantes conocieron que el Gobierno pondrá a su disposición $ 1.000 millones para que se aplique en menos de dos meses.

En el encuentro, el secretario de Hacienda, Fernando Solórzano, en representación del ministro de Economía, Eduardo Garvich, que debió viajar a Buenos Aires, anunció que esa era la suma de dinero que podía aportar el Gobierno para que la norma entre en vigencia. En principio, según confirmaron varias fuentes, de ese monto, $ 300 millones serán para el Ministerio de Seguridad; $ 300 millones para el Ministerio Público Fiscal; $ 300 millones para el Ministerio Pupilar de la Defensa; y $ 100 millones para la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En principio se trató de un ofrecimiento y, a pesar de que ninguna de las partes aceptó oficialmente, se descarta que vaya a ser rechazado. “No hay vuelta atrás. Saben que la decisión política está”, comentó una alta fuente del Poder Ejecutivo.

También hubo un compromiso especial para ayudar presupuestariamente a los ministerios de Salud y Desarrollo Social, que tendrán la misión de ampliar los centros de rehabilitación de adictos y brindar asistencia en los barrios donde se desarticulen las redes de narcomenudeo. Lo mismo sucederá con las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades religiosas que se dedican a rehabilitar a los adictos. Esta “comisión paralela” será coordinada por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, que en un próximo encuentro planteará lo que necesitan para realizar esta tarea.

El funcionario les aclaró tres cuestiones. La primera, y quizás más importante, es que ese desembolso será para cubrir los gastos que ocasione la aplicación de la norma hasta diciembre de 2022. La segunda, que en las próximas semanas deben presentar nuevamente números para que sean incluidos en el presupuesto general de la provincia de 2023. La última fue explicarles que los fondos saldrán de partidas especiales mientras se desarrollan gestiones en Buenos Aires para que la Nación aporte ayuda económica. Hasta aquí, ninguna provincia que desfederalizó la lucha contra el microtráfico de drogas contó con la colaboración de la Nación, pese a que se había comprometido a hacerlo.

Otro de los avances es que los miembros de la comisión solicitaron que se apruebe una ley para acelerar los tiempos de implementación de la Ley. La intención es que con esa norma autorice al MPF y al MPD a realizar compras directas con el sistema de comparación de precios. Seguridad no requiere de una legislación especial, ya que al estar declarada la emergencia no hay ningún impedimento para hacerlo. En ese sentido, también se autorizará la contratación directa de los empleados que sean necesarios.

La sede y algo más

La idea de la Comisión Interpoderes es ubicar a todos los actores en un mismo lugar. Por ese motivo, están buscando un lugar del Estado para evitar gastos de alquiler. La primera opción es el ex edificio de la Legislatura que está ubicado en avenida Sarmiento al 600 que actualmente está siendo usado por empleados legislativos. Pero al mismo tiempo hay algunas dudas: es patrimonio histórico y es probable que no se autorice su utilización. El plan B: el ex predio Ferial Norte. Plan C: buscar un edificio que pertenezca a la provincia.

Otra de las novedades es que acordaron que los fiscales, defensores oficiales y jueces que intervendrán serán subrogantes hasta que se nombre a los titulares, si es que llegan a hacerlos. En el presupuesto 2023, en principio, estarán contemplados los cargos que se deberán cubrir.

También confirmaron que por el momento sólo utilizarán el laboratorio de la Policía Federal y que los proyectos de laboratorios propios que aspiran tener el MPF y el MPD serán contemplados en el presupuesto 2023.

Todavía no se definió cuándo entrará en vigencia la norma, pero por pedido del gobernador interino Osvaldo Jaldo sería en dos meses. La fecha tentativa es mediados de octubre o principios de noviembre.